Esta área de trabajo aborda los derechos reconocidos por la Constitución, asegurados por medio de los distintos recursos existentes, deben ser realizados e interpuestos por profesionales versados en la materia, buscando su irrestricto respecto y efectivo cumplimiento.
También implica el manejo de los distintos recursos y procedimientos que existen frente a la Administración, a través de los tiempos y la utilización de los principios que permiten reclamar en forma justa la inequitativa posición existente entre el privado y el Estado.
Abarca también la asesoría en el sistema de compras públicas. Las facultades exorbitantes tanto de los entes centralizados como descentralizados, deben tener su contraparte en los derechos reconocidos en la norma, siendo el Tribunal de Contratación Pública un nuevo horizonte de acción.